La reforma para adecentar y eficientizar la justicia es tarea de todos, es anterior y superior a todo ejercicio electoral. Ella tiene fortalezas y debilidades, debilidades estructurales fruto de las deficiencias de sus códigos y procedimientos y coyunturales producto de los condicionamientos políticos.
Gracias a Dios, superado el tiempo de las acusaciones y contraacusaciones entre el Ministerio Publico y la Suprema Corte, el pasado siete de enero, día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justica, Mariano Germán, propuso “formalmente que nos sentemos todos los sectores responsables en una mesa al mismo nivel para discutir institucionalmente propuestas hacia la solución de las falencias” que adolece el sistema nacional de justicia. Extendió la invitación al Ministerio Público – al Procurador Fiscal – para trabajar conjuntamente un proyecto en este sentido. Posteriormente se nombro la comisión de gestionar esta cumbre y se le dio un plazo de no más de cuatro meses.
Las reacciones posteriores han sido varias. Hay una creencia consensuada de que el sistema de justicia ha perdido mucha credibilidad y que hay que poner los medios para recuperarla. Es opinión compartida de que la deteriorada situación de la justicia es quizás el principal revés de la causa del gobierno y de la reelección del presidente Medina.
La opinión mayoritaria ha sido favorable. El procurador Francisco Domínguez Brito la considera ocasión favorable para “analizar y evaluar los avances y las debilidades que afectan al sistema.”
Pero ha habido también críticos que advierten del peligro, ya visto en otras cumbres, del manejo propagandístico del evento, donde se hace mucho ruido y se alcanzan pobres resultados.
Ya estamos para dos meses del discurso del magistrado presidente Germán y se esperan pasos concretos.