Frontera Dominico-Haitiana
Los centros sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana lamentamos la decisión tomada por el presidente Danilo Medina de ratificar a las actuales autoridades migratorias del país. Esta ratificación es incoherente con el discurso que el nuevo Presidente proclamó en su toma de posesión.
El Presidente se refirió al tema migratorio de una forma esperanzadora. Afirmó que en su gestión se crearía “una política migratoria clara y transparente, respetuosa de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de derechos humanos y derechos de los migrantes y sus familiares”. Esta política pretende ser coherente con el hecho de que más del 15% de los dominicanos vive fuera del país y que está expuesto a las mismas vicisitudes de los extranjeros que viven aquí en condición de vulnerabilidad y exclusión social.
Dejar la Dirección General de Migración en manos de personas que han levantado su voz públicamente para pedir la salida del país de las instancias internacionales que velan por los derechos humanos constituye una reafirmación del enfoque desfasado con el que se ha pretendido gerenciar las migraciones. En los últimos 18 meses, la sociedad dominicana se ha mantenido en sobresalto debido a las malas prácticas administrativas en la Dirección General de Migración y los intentos de implementar medidas contraproducentes, como excluir a niños y niñas indocumentadas del sistema educativo.
Centenares de personas de nacionalidad haitiana han hecho grandes esfuerzos por regularizar su situación migratoria, incluso a pesar de que previamente su estatus en el país ya había sido definida. Han depositado solicitudes de residencias cumpliendo con todos los requerimientos de la ley y no han obtenido la debida respuesta. Muchas de esas solicitudes tienen cerca de dos años de depositadas. Además, el personal administrativo trata a los solicitantes con hostilidad y se refiere a ellos haciendo uso de lenguaje discriminatorio.
Es inaceptable que en esta institución del Estado la discrecionalidad, la arbitrariedad, la exclusión, la intolerancia y la falta de transparencia en los procesos de toma de decisión sean la norma, en lugar del apego a la Constitución y a las leyes, a los parámetros del estado de derecho y a los convenios internacionales asumidos por el país.
La decisión de ratificación de estas autoridades es una incoherencia total. No es posible que alguien que tenga como función en el Estado promover la migración regularizada y documentada obstruya los canales institucionales previstos para canalizarla, asumiendo como criterio la discriminación por el origen nacional de los solicitantes.
Esperamos que el Presidente continúe lo que estuvo bien, que vuelva a las palabras de su discurso de toma de posesión.
Esperamos que el Presidente corrija lo que está mal. Es necesario dar un giro en el enfoque de la política migratoria, integrando las perspectivas de los diferentes actores de la sociedad, que permitan superar las debilidades institucionales y busquen con seriedad garantizar los derechos humanos de los migrantes, especialmente de nuestros hermanos haitianos.
Esperamos que el Presidente haga lo que nunca se ha hecho. Desde hace ocho años la Ley General de Migración No. 285-04 ordena la ejecución de un “Plan nacional de regularización de los extranjeros”, configura el Instituto Nacional de Migración y establece el Consejo Nacional de Migración como órgano de coordinación de la política migratoria del Estado. Sin embargo, ninguno de estos mandatos se ha ejecutado y tanto el Reglamento de la Ley como el Plan de Regularización no han sido discutidos con la sociedad dominicana y sus diversas instituciones.
Esperamos que la nueva política migratoria se base en el respeto a la Constitución y a las leyes, aplicadas de manera transparente, justa y sin discriminación. La política migratoria ha de abrir espacios para la participación de todos los actores sociales. Desde 1930 estamos aplicando un modelo que no ha dado buenos resultados. ¡Es tiempo de un cambio!
22 de agosto del 2012.