Como responsables de obras confiadas a la Compañía de Jesús, los párrocos de las parroquias Santo Domingo Savio, San Ignacio de Loyola y San Martín de Porres, junto al Centro Montalvo, comunican a la opinión pública su desaprobación del proceso de desalojo que se está llevando a cabo en el barrio de Los Guandules en el marco del proyecto gubernamental llamado «Nuevo Domingo Savio». Las razones que mueven a este posicionamiento son dos, una de fondo y otra de procedimiento, y se fundan en el principio que por décadas ha guiado a estas instituciones, a saber, el acompañamiento de la población excluida de la sociedad dominicana.
Estas instituciones entienden que las señales que ha dado últimamente la oficina URBE dentro de un proceso comenzado hace dos años mueven a pensar que el proyecto ha perdido su objetivo original, el que fue formulado por el presidente de la República el 27 de febrero de 2017: «abrir el barrio, conectarlo con el resto de la ciudad» y «hacer de él un ejemplo de orden, seguridad y buena convivencia comunitaria». Los portavoces de esa oficina, fundada originalmente para la reubicación del barrio La Barquita, han repetido informalmente el mensaje de que «no tenemos tiempo»y de que «no tenemos dinero»para hacer una intervención integral en el área. En los hechos, se ha creado una urgencia que afecta la esencia del proyecto anunciado originalmente. En estos momentos, la opción por construir en primer lugar la avenida perimetral posterga a una fecha desconocida las otras intervenciones que a nuestro juicio serían prioritarias para beneficiar a la mayoría del barrio. Las personas están siendo obligadas a reubicarse en condiciones similares a las que actualmente viven. En pocas palabras, en estos momentos el «Nuevo Domingo Savio»no se ejecuta para beneficiar a los pobres del lugar, sino para quitarlos del medio como si fueran un estorbo para el proyecto, trasladando el problema habitacional a un lugar donde no se vea.
Esta alteración del propósito anunciado ha llevado a un cambio en el procedimiento de negociar con la población local. URBE ha negociado individualmente con las personas afectadas, seleccionando líderes comunitarios específicos a los que ha conquistado para sus planes de acción. La idea rectora ha sido hasta ahora la de comprar «mejoras»al menor precio posible, enfrentando a inquilinos y propietarios. Asimismo, la comunicación establecida por URBE con las organizaciones comunitarias y la población afectada se ha caracterizado por una mezcla de información y desinformación. La consecuencia de todo esto ha sido que el viernes de la semana pasada, 7 de septiembre, se ha llevado a cabo un método de desalojo que recuerda los abusos contra los que se luchó en los gobiernos de Balaguer. Las familias desalojadas han sido tratadas como delincuentes: a las 5 de la mañana, un contingente militar ha bajado a la orilla del río para sacar por la fuerza a los señalados de la zona por donde comenzará a construirse la avenida perimetral, no dejando espacio para el diálogo. Esto sucedió después de URBE haber comunicado por la prensa, el día primero de septiembre, que no habría más desalojos hasta el final de este mes.
Nuevamente, se ha producido una mezcla de información y desinformación. Varias de estas familias desalojadas no tenían un destino claro, porque no estaban preparadas, y sus escasos enseres han sido llevados a un depósito de Bienes Nacionales en términos confusos. Debe quedar claro que este modo de proceder viola derechos fundamentales y queremos denunciarlo enérgicamente.
Lamentamos y nos preocupa que las organizaciones locales no hayan podido articularse adecuadamente para formular una propuesta barrial que retome y actualice las ideas centrales del Plan Cigua, un proyecto urbano coordinado por Ciudad Alternativa en la segunda década de los 90 siguiendo una metodología participativa que reforzaba la organización local y que respondía a un enfoque de derecho a la ciudad. Criticamos que el modo de proceder de la oficina URBE haya contribuido a profundizar la desarticulación de las organizaciones. Nuestras instituciones seguirán en disposición de acompañar proyectos urbanos que garanticen un proceso de construcción de la ciudad que resulte en sí mismo educativo, que refuerce las organización de los pobres y que, en definitiva, los tenga a ellos como sus reales beneficiarios y protagonistas.
Los proyectos urbanos deben de apegarse al Estado social y democrático de derecho garantizado por la Constitución dominicana, al que responde coherentemente su artículo sobre el derecho a la vivienda: «Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda». (Constitución Dominicana, art. 59).
Entendemos que el Gobierno debe cambiar el modo de proceder que actualmente ha adoptado en el proyecto Nuevo Domingo Savio. Debe retomarse y ponerse en marcha una estrategia de concertación social más comprometida y orientada a la inclusión social del barrio a la ciudad, en la que no quede la menor duda de que la gente del barrio no va a ser violentada y abusada; una estrategia que muestre mayor capacidad de concertación social, sin hacer un recurso desmedido de la fuerza.
Fuente: Centro Juan Montalvo