Neiba, 4 de noviembre 2013
Al excelentísimo Señor presidente RD licenciado Danilo Medina Sánchez,
A honorable congreso nacional Dominicano
A los honorables miembros del poder judicial de la República Dominicana,
A los honorables miembros de la Municipalidad
A todo el liderazgo político nacional
A las Delegaciones Diplomáticas y Organismos Internacionales
A la feligresía nacional, Religiosos y Religiosas
A los honorables miembros de la Prensa Nacional
A las fuerzas vivas a la sociedad civil en general
A Nuestras queridas conciudadan@s Dominicanas.
En este día memorable que celebramos la Constitución en señal que asumimos un estado denominado República Dominicana, implica el reconocimiento del imperio de la Ley.
Nosotros/as, ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana (médicos, abogados, ingenieros, bachilleres, autoridades electas, etc.) de la región Enriquillo, organizaciones de base comunitarias y de fe, organizaciones sin fines de lucro, que trabajan en el acompañamiento de hombres y mujeres que de sol a sol se esfuerzan por el desarrollo de esta empobrecida región y del país, manifestamos de manera enérgica nuestro rechazo a la desatinada y arbitraria sentencia 168-13 evacuada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con la cual se pretende despojar de manera absurda e injustificada el derecho a la nacionalidad a miles de dominicanos y dominicanas nacidos en la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón.
Reconocemos el pleno derecho del Estado Dominicano a normar y regular conforme a su derecho interno. Pero rechazamos el hecho que instituciones del Estado incurran en violentar principios consagrados o establecidos en la Constitución y otras legislaciones vigentes, tal es el caso del principio de la irretroactividad de la ley consignado en el artículo 110, el principio interpretación establecido en el artículo 74, y el principio de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establecidos en el artículo 69 de la Constitución Vigente, como ha sucedido con la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional.
Dado que nuestros representantes en el Congreso Nacional, se había pronunciado, en el artículo 18, numeral 2, de la Constitución del 2010, reconociendo como dominicanos/as “Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Es inaceptable que el Tribunal Constitucional se remonte a constituciones anteriores para contradecir lo establecido.
Abrumado en una aureola de prejuicios discriminatorio, xenófobo, racista, machista, y clasista, El Tribunal Constitucional se ha extrapolado a interpretar otras Constituciones con tal de justificar la violación del derecho fundamental a la nacionalidad dominicana que tienen los hijos e hijas de ascendencia extranjeras. Hoy por hoy, la institución que debe garantizar el respeto a nuestra constitución, se ha convertido en el verdugo para asesinar civilmente a cientos de seres humanos de su propia tierra, confirmando un aforismo universal del derecho que reza: “cuando la justica se equivoca, pues el condenado es el inocente”.
¡Ojala!, los demás poderes del estado, no se hicieran cumplieses de este nefasto hecho de genocidio civil, orquestado por sectores malignos que al igual que en el pasado, pretenden justificar en el presente, su crimen del estado.
Hoy caminamos en el cañaveral y demandamos de los poderes del estado el respeto irrestricto de nuestro ordenamiento jurídico en el marco del estado del derecho vigente, para corregir lo que está mal.
Hacemos un llamado a la opinión pública nacional, y a la sociedad en sentido general a seguir aunando esfuerzos en esta lucha de resistencia civil, para evitar la desarticulación del Estado social y democrático de derecho que con tanto esfuerzos y sacrificios hemos construido como pueblo Dominicano.
Basta ya, que se aplique la ley con justicia!
“Eso, no se hace