El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ se une al grupo de organizaciones de la sociedad que exigen al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) garantías efectivas para la celebración de elecciones equitativas, transparentes y justas, tanto a nivel municipal, como congresual y presidencial.
El artículo 212 de la Constitución establece que la “finalidad principal (de la JCE) será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes”. Además, estatuye que “tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia”. El artículo 211 especifica que al cumplir con su tarea tiene “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Queda claro entonces que el primer deber de los miembros del máximo organismo electoral es crear las condiciones necesarias para que la competencia electoral sea libre, transparente, equitativa y objetiva. Entendemos que es esto lo que debemos pedir los ciudadanos en estos momentos.
Dadas las limitaciones que han mostrado los responsables de los organismos electorales dominicanos en esta coyuntura y el clima de desconfianza que se ha creado, proponemos concretamente:
1) que la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales Municipales sean acompañadas por comisiones de veeduría ciudadana que vigilen el proceso electoral, no con facultades para sustituir a los miembros de dichas juntas, sino como testigos de ocasión y veedores de la equidad y objetividad electoral en todas las decisiones relevantes que sean adoptadas por la Junta;
2) que a fin de garantizar transparencia en la gestión electoral y evitar manejo discrecional y opacidad en la administración de las elecciones, la JCE celebre sesiones abiertas con transmisión directa en cadenas de radio y televisión a nivel nacional junto a los delegados de los partidos;
3) que así como se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las fechas electorales, además de la prohibición de entrar a los colegios electorales con armas, la JCE solicite al Ministerio de Interior y Policía prohibir de modo general el porte de armas de fuego, exceptuando a las autoridades policiales y militares que formen parte de la Policía Militar Electoral.
En otro orden, invitamos a todos los actores políticos del país, tanto a los que presiden e integran los poderes públicos como a los líderes de los partidos políticos, a asumir con prudencia y responsabilidad su liderazgo. Las diferentes parcelas en competencia electoral tienen la obligación moral, en la proporción y magnitud que les corresponda, de crear un clima digno y justo que fortalezca nuestra democracia.
Si no se crean garantías institucionales para el sufragio, ni se establecen condiciones para que las próximas elecciones se celebren con equidad, transparencia, objetividad y justicia, el país no podrá salir de la crisis institucional y electoral que hoy confronta. Asimismo, las perspectivas de su desarrollo social y económico se verán severamente afectadas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del Estado de derecho. Por eso, es necesario además que se investigue y se aclare lo sucedido en el proceso electoral del pasado 16 de febrero, determinando si hubo manos criminales y que, de comprobarse, haya consecuencias. Para garantizar la imparcialidad y efectividad de esta investigación no solo habrá de confiarse a una institución internacional que goce de credibilidad, sino que habrá de asegurarse y respetarse su autonomía efectiva.
Aprovechamos la ocasión para saludar el que muchos jóvenes del país se estén movilizando en reclamo de una explicación razonable de las causas de la suspensión de las elecciones del pasado domingo y que reclamen de la Junta Central Electoral un mayor testimonio democrático y mayor eficiencia y transparencia en la organización de las elecciones.
Por otra parte, ante los inconvenientes políticos e institucionales que se generarían con un cambio de las autoridades electorales, compartimos la posición de los sectores sociales, académicos y eclesiales del país que reclaman que los miembros actuales de las juntas electorales sean acompañados por los organismos internacionales y las agrupaciones de la sociedad civil idóneas con vistas a restablecer la confianza en el proceso que conducirá a los próximos comicios.
Finalmente, desde una mirada de fe unida al sentido de justicia, confiamos que este momento histórico conducirá al fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática, condición indispensable para que avancemos en la construcción de un país más justo y solidario.
