REFLEXIÓN EN EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Con motivo del día de los derechos humanos, los centros sociales de
la Compañía de Jesús y la Red Jesuita con Migrantes —como obras
sociales y educativas que son— desean compartir algunas reexiones
sobre el signicado de la visita de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) con la opinión pública nacional.
Nos llaman la atención la fuerte polémica y la desinformación suscitadas
en torno a esta visita. Lamentamos profundamente que
muchas noticias publicitadas en los medios informativos y que
incontables comentarios en las redes sociales confundan
sistemáticamente el signicado de esta misión en aspectos fundamentales
que tocan al bien común, al respeto de la dignidad humana
y a la salvaguarda de la reputación internacional del país.
La República Dominicana forma parte del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y, dentro del mismo, la CIDH ocupa un lugar central,
porque, como establece el artículo 106 de la Carta de la OEA, la
CIDH tiene “como función principal, la de promover la observancia y la
defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de
la Organización en esta materia”. En cumplimento con su mandato, la
CIDH investiga y observa la situación de los derechos fundamentales
en los Estados miembro, y recomienda la adopción de medidas que
contribuyan a la protección de los derechos. En consonancia, el
artículo 74 de nuestra Constitución establece los principios de interpretación
y reglamentación de los derechos fundamentales y su
numeral 3 no deja espacio a la duda: “3) Los tratados, pactos y convenciones
relativos a derechos humanos, suscritos y raticados por el
Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación
directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.
Reriéndose al sistema universal de los derechos humanos, el Papa
Benedicto XVI, en su intervención del 18 de abril de 2008 en la
Asamblea de Naciones Unidas armó lo siguiente: “Todo Estado tiene
el deber primario de proteger a la propia población de violaciones
graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias
de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza
o por el hombre. Si los Estados no son capaces de garantizar esta
protección, la comunidad internacional ha de intervenir con los medios
jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos
internacionales. La acción de la comunidad internacional y de
sus instituciones, dando por sentado el respeto de los principios que
están a la base del orden internacional, no tiene por qué ser interpretada
nunca como una imposición injusticada y una limitación de soberanía”.
Sobre este punto especícamente, hay amplios sectores que desinforman
a la opinión pública, diciendo que la visita de la CIDH es un
atentado contra la soberanía del país. Queremos hacer tres precisiones
al respecto. Primeramente, la CIDH fue invitada por el gobierno
dominicano a la visita in loco, con el objetivo de levantar testimonios
sobre las consecuencias humanas de la sentencia 168-13 del
Tribunal Constitucional. En segundo lugar, esta es la octava visita
que dicha institución hace al país, porque fue decisión soberana de la
República Dominicana adoptar en 1948 la Declaración Americana
sobre Derechos y Deberes del Hombre, razón por la cual el país participó
en la creación de la CIDH, en 1959; y bajo el mismo espíritu,
diecinueve años más tarde, el 19 de abril de 1978, raticó la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Durante todo este
tiempo, la CIDH ha procesado peticiones y solicitudes de medidas
cautelares de República Dominicana. En tercer lugar, desde el punto
de vista ético-político, la noción de soberanía no se reere originalmente
al carácter intangible de las medidas de un Estado nación,
sino al respeto del pueblo. Por eso, en la losofía política moderna en
que se inspira nuestro ordenamiento constitucional, el “Soberano” es
el pueblo, no el aparato administrativo. Este pueblo debe estar bien
informado para que pueda tomar sus decisiones con apego al bien
común y respetando el Estado de derecho. Ningún poder del Estado
está por encima de la Constitución que establece estos principios
(art. 6).
La decisión de desnacionalizar retroactivamente a miles de dominicanos
con padres extranjeros en situación irregular es un problema
de derechos fundamentales. El informe de la CIDH no ha hecho más
que recordarlo. El pueblo dominicano debe de estar consciente de
que no acceder a las recomendaciones de la CIDH el país se verá más
interpelado internacionalmente de lo que ahora se encuentra. Como
ha subrayado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas,
la solución debe ser dominicana y expresión de un pacto
Estado-sociedad. Debemos exigir a los poderes públicos, especialmente
al Poder Ejecutivo, que ayuden al equilibrio de los poderes del
Estado, para encontrar una solución institucional con vistas a restituir
los derechos de los afectados por la sentencia 168-13.
Como parte de la confusión, se ha publicitado hasta el cansancio que
estas medidas están orientadas a ordenar el ujo migratorio del país,
especialmente el proveniente de Haití. Queremos repetir por
enésima vez que este es otro problema, diferente, que debe de
atenderse por otros medios, pero siempre respetando los derechos
humanos. En este punto, queremos expresar públicamente nuestro
pesar y lamento por la confusión creada por el decreto 327-13 que
establece el plan de regularización migratoria del país. Lamentamos
que en este plan, con el párrafo del artículo 8, el Poder Ejecutivo
mantenga la confusión generada en cuanto al derecho a la nacionalidad
y la naturalización de personas nacidas en el país.
Las obras sociales de la Compañía de Jesús, y su red mundial que
acompaña a los migrantes, reiteramos nuestro interés en colaborar
con las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil
en un proceso que conduzca a robustecer el Estado de derecho y, a
través de este, una garantía institucional de los derechos humanos
en general, y de los más pobres y excluidos en particular. Como sacerdotes,
religiosos y laicos de la Iglesia católica, entendemos, al igual
que la Doctrina social de la Iglesia, que el respeto de los derechos
humanos es la forma contemporánea de tratar a las personas como
hijas e hijos del mismo Dios de misericordia revelado en Jesucristo,
que dirige su mensaje “a todas las naciones”.