Edit Lun 23-1-17
La inmoral práctica de repartos de sobornos había sido una especie de hábito casi hasta tolerado, o peor aun exigido por políticos, empresarios y lavadores de imagen vinculados a medios de comunicación, cuya acción ha causado tantos daños a nuestra sociedad, que por esta vía se han disfrazado cifras, se han ganado procesos de licitaciones amañadas, jueces han emitido sentencias acomodaticias, empresas que han corrompido luchas sociales y reivindicativas, mineras que han depredado valiosos ecosistemas, comunicadores que callan o retuercen la veracidad de los hechos.
El mal de la impunidad está socavando los cimientos de nuestra nación. Individuos señalados por la opinión publica como acumuladores de fortunas a costa del tráfico de influencias, el robo, el boato, concursos arreglados, entre otros mecanismos de sustracción de recursos públicos o ecosistemas imprescindibles para la vida.
Necesitamos enderezar el torcido destino por el cual se han guiado muchos individuos que han pretendido erigirse en potentados del derecho a robar de esta manera; con obras sobrevaluadas, a imponerse frente a la competencia y a las leyes de concursos y transparencia, a saquear ríos y montañas bajo la presunción de hipotéticos derechos adquiridos mediante chantaje, el soborno y la extorsión.
El silencio o la indiferencia frente a hechos abominables de esta naturaleza, equivalen a impunidad. No basta con simples arreglos cosméticos, ni con una escueta devolución de los recursos involucrados; debe haber una justa reparación moral y una sanción jurídica para todos los implicados en este entramado, desde políticos, empresarios, lobistas, comunicadores y empresas multinacionales. Ha llegado la hora de sancionar de manera ejemplar a los infractores y sentar precedentes con los que se consideraban intocables.