La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús y la Red Jesuita con Migrantes (RJM) venimos a acusar y llamar firme y públicamente la atención al Gobierno Haitiano, especialmente a través de sus funcionarios destacados en el Consulado pertinente de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, por la grave y dolosa inactividad que están manteniendo en miras a proveer a sus connacionales de su mínima documentación personal identificatoria.
Actualmente por cooperación multinacional se ha provisto a Haití tanto de recursos tecnológicos como financieros holgados para la ejecución y provisión de un paquete de documentos a sus nacionales compuesto por: extracto de acta de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte, todo por un costo general de U$S 50,00 (cincuenta dólares).
De igual forma se le ha dotado de las herramientas necesarias para que a los fines de ese Plan de Provisión de documentos se adecúen “consulados móviles” (tres micros destinados para recorrer todo el país); pero hasta ahora se desconoce a ciencia cierta la fecha en que todo esto se comenzará a desarrollar, a pesar de que institucionalmente hemos generado ya cuatro entrevistas personales con las altas autoridades haitianas en Santiago.
En la actualidad el Estado Haitiano cobra U$S50 por acta de nacimiento, y U$S80 por pasaporte, ya que las cédulas no se están gestionando; con lo cual un pequeño trámite de documentos se torna una real carga financiera para la colectividad que en su gran mayoría se encuentra en una delicada situación de vulnerabilidad.
Por otro lado y a pesar de los esfuerzos Institucionales, no se logran significativos avances dado que la cúpula política haitiana ha centrado esfuerzos en la campaña electoral legislativa para el próximo mes de Octubre/2014 como así para las presidenciales 2016; con lo cual todas las temáticas que hacen a la población haitiana residente en nuestro país ha quedado prácticamente abandonada.
Cabe señalar que si un nacional haitiano no cuenta con un documento de identidad personal emitido por las autoridades de su país, le resultará imposible postular al Plan de Regularización de Extranjeros, con lo cual también hace fracasar cualquier intento nacional por sanear situaciones de décadas.
De esta manera no sólo se viene a percibir claramente la pasividad del Estado Haitiano para con situaciones de sus connacionales, sino que también un desmesurado interés por captar ingresos económicos y que a la luz de la situación socio-económico de los/as haitianos/as en el país resulta injusto.
Requerimos pública y formalmente a través de un profundo llamado de atención, como lo han hecho también en organizaciones de la sociedad civil de Haití como GARR, para que de una vez las autoridades haitianas seriamente tomen cartas en el asunto mediante una actitud proactiva a fin que sus compatriotas no pasen más penurias de las que las propias circunstancias ya les genera, sino que más bien se den respuestas serias a sus necesidades para acogerse al plan de regularización. Aprovechamos la ocasión para ponernos a la disposición como centros sociales para apoyar los procesos de documentación.